Influencias de la política neoliberal y keynesiana en el gasto público de México (página 2)

Gasto
Presupuestal

El estado
mexicano influido por esta tendencia acató fielmente el
acuerdo realizado con el FMI en 1982 y se
dispuso a vender las empresas
públicas. Esta decisión lo llevó a reducir
el gasto programable de Organismos y empresas de control
presupuestal del 15.7% sobre el PIB en 1981 al
6.22% en el año 2006. Además de la venta de algunas
empresas y el desmantelamiento de otras como las agroindustrias y
financieras agrarias que desaparecieron en manos de los
líderes agrarios, los recortes realizados por el Estado en
la inversión a las empresas de control
presupuestal fue evidente. De la misma forma, las inversiones
realizadas por las diferentes Secretarías de Estado se
vieron disminuidas como se evidencia en el gasto programable del
Gobierno Federal
que en 1981 representaba el 15.17% fecha en que inicia su
descenso hasta detenerse en el 7.89% en el año 1990. A dos
años de iniciado el sexenio del Presidente Salinas la
participación del gasto del Gobierno Federal presenta un
tibio ascenso en los siguientes 15 años hasta situarse en
el 12.25% sobre el PIB para el 2006.

La compra de las empresas privadas por el estado para
estimular la demanda
efectiva se consideró necesaria en su momento como una
alternativa para impulsar el empleo y
organizar las actividades empresariales en el país, al
liderar la inversión, como estrategia que
impulsara la demanda efectiva. Hecho suficiente para suponer que
las políticas
de intervención del estado en la economía eran
avaladas por las teorías
keynesianas

Es conveniente señalar que el supuesto de
intervención del estado en la economía como
inversionista único o socio no es el objetivo de la
teoría
keynesiana, ya que "no es la propiedad de
los medios de
producción lo que le conviene asumir al
Estado. Si este es capaz de determinar el monto global de
recursos
destinados a aumentar estos medios y la tasa básica de
recuperación de quienes los poseen, habrá realizado
todo lo que le corresponde… sin necesidad de romper con
las tradiciones generales de la sociedad"

Una vez logrado el pleno empleo se restituyen los
principios
neoclásicos, pero si los controles centrales logran
establecer un volumen global de
producción correspondiente a la ocupación plena tan
aproximadamente como sea posible, la teoría clásica
vuelve a cobrar fuerza. y a
reinstalar sus postulados.

El Estado mexicano no solo se ocupa de generar empleos
temporales en situación de crisis para
estimular la demanda, sino que asume la responsabilidad de crear empleos de planta y
garantizar el crecimiento de la actividad económica
incorporando en el ingreso público los ingresos de las
empresas propiedad del Estado y en sus gastos
presupuestales los egresos exigidos por las empresas
públicas para solventar sus necesidades
cotidianas.

El objetivo central de la posición keynesiana es
el crecimiento del producto
nacional y de las variables que
lo determinan al afirmar que cuando aumenta la ocupación
aumenta también el ingreso global real de la comunidad. Cuando
el ingreso real aumenta, el consumo total
crece, pero no tanto como el ingreso. Así, los empresarios
resentirán una perdida si el aumento total de la
ocupación se destina a satisfacer la mayor demanda de
artículos de consumo inmediato. Para justificar cualquier
cantidad dada de ocupación debe existir cierto volumen de
inversión suficiente para absorber el excedente que arroja
la producción total sobre lo que la comunidad
consumirá cuando la ocupación se encuentre a dicho
nivel.

Las tareas incorporadas al Estado al asumir una
responsabilidad compartida con la iniciativa privada garantizaban
la creación de empleos, el sostenimiento del gasto del
Gobierno Federal, el gasto de los organismos y empresas de
control presupuestal con recursos propios y la
consolidación del control sobre la actividad
económica nacional y la fuerza sindical

El principio medular de la teoría keynesiana es
la afirmación de que el ingreso depende del empleo, el
empleo de la demanda efectiva, y la demanda efectiva del consumo
y la inversión. Por lo tanto, el ingreso depende del
consumo y la inversión. Los hombres se encontrarán
involuntariamente sin empleo en el caso de que la oferta total
de mano de obra dispuesta a trabajar por el salario vigente
sea mayor que el volumen de ocupación
existente.

La transición del Estado mexicano en 1982 de un
sistema
nacionalista protector de la actividad política,
económica y social de la nación
a un sistema de libre mercado que se
caracteriza por la liberalización del comercio
exterior, el sistema
financiero y la inversión
extranjera, tiene como objetivo una economía orientada
hacia los mercados
externos, la privatización de las empresas publicas y la
desregulación de la actividad económica.

La estricta disciplina
fiscal que
busca el equilibrio
ingreso gasto publico, para regular los ciclos económicos
y la erradicación de los desequilibrios fiscales previos
mediante la reducción de la inversión y el gasto
publico, elimina programas de
fomento económico generales y sectoriales con una reforma
fiscal orientada a reducir tasas marginales de impuestos a los
ingresos mayores ampliando en contrapartida la base de
contribuyentes y un adecuado marco legislativo institucional para
resguardar los derechos de la
propiedad

Al inicio de su gobierno, el Presidente Miguel de la
Madrid recibe
un total de 1155 empresas, un gasto programable del Gobierno
Federal como porcentaje del PIB del 12.19% y un gasto de
organismos y empresas de control presupuestario del
15.7% Al final de su sexenio conserva solo 412 empresas vendiendo
las desincorporadas como la automotriz, hoteles, tabaco,
refrescos, restaurantes, textiles y farmacia entre otras. A
partir de 1988 se procede a privatizar las empresas más
grandes, entre las que sobresalen: PEMEX, CFE, CLYF, Fertimex,
DINA, Sidena, Concarril, Sicartsa, AHMSA, Fumosa, Azúcar,S.A., Ferronales, FFCC del
Pacífico, FFCC Chihuahua pacífico, FFCC Sonora Baja
California, Capufe, Aeroméxico, ASA, Proformex, Fovigro,
Propemex, Inmecafé, Conasupo, IMCE, Lotería, Pipsa,
IMSS, ISSSTE,
FUS, Indeco, D.D.F., Telmex, Metro, AHMSA, Mexicana de
Aviación, Minas, y Siderurgia, Teléfonos de
México,
Nafin, Banrural, Banobras, Bancomext, Banpesca, Fina, Fira,
Fomex, Fonei, Fogain, Fonep, Ficart, Prodel, Banca
Múltiple y a febrero de 1990 se habían
desincorporado 891 empresas conservando solo 264 . El gasto
programable del Gobierno Federal reduce a esta fecha su
participación en el PIB al 6.4% y el gasto programable
de organismos y empresas de control presupuestario aun no
detiene su caída al mantener para el año 2006 una
participación sobre el PIB del 6.22%. El gasto
programable presupuestal devengado por el sector
público que se integra del gasto programable del
gobierno federal, de organismos y empresas de control
presupuestario del 24.58% ejercido sobre el PIB en 1980 inicia el
descenso y se detiene hasta el año 1991 con una
participación del 15.75%. Su comportamiento
errático e inestable en los siguientes 6 años los
lleva al 15.46% en el año 1999 iniciando su ascenso hasta
el año 2003 con el 18.01% donde nuevamente inicia su
caída al 15.39% en el año 2006 (véase cuadro
No. 1).

El gasto no programable devengado del sector
público presupuestario representó el 6.7%
sobre el PIB en el año 1980, con una tendencia ascendente
hasta alcanzar el 22.5% en 1987. En 1990 representaba el 12.75% y
para 1991 se había desplomado al 8.34% continuando su
descenso hasta concluir con el 6.0% en el año 2005 y 6.22%
en el año 2006.

El gasto neto devengado por el sector público
presupuestario calculado con la suma del gasto programable del
Gobierno Federal, Gasto programable de organismos y empresas de
control presupuestario y el gasto no programable,
representó el 30.75% del PIB en 1980 hasta alcanzar en su
mejor año, 1987 el 41.79%. Inicia su estrepitosa
caída que no se detiene hasta el año 1998 con una
participación del 21.58% sobre el PIB similar a la
alcanzada en el año 2006 con variaciones poco relevantes
en años intermedios. (véase cuadro No.
1).

La venta de las empresas públicas eliminó
parte del gasto programable asignado a organismos y empresas de
control presupuestal, pero también contrajo el gasto
programable del gobierno en la inversión asignada a las
Secretarías de Estado. Por ejemplo, la Secretaría
de Educación
Pública (SEP) que en 1980 ocupaba el 9.64% del gasto neto
devengado por el sector público, para 1987 su
participación baja al 5.92%. Con un comportamiento
inestable en los siguientes 19 años la SEP alcanza para el
año 2006 una participación del 6.72%. En 1990 la
SEP contaba con 156589 escuelas y para el año 2000 el
número alcanzaba las 213011. De las 56422 escuelas nuevas
25104 fueron para nivel preescolar,
16728 para primaria, 9125 para secundaria y 3721 para
bachillerato. En los últimos seis años se han
abierto solo 22983 escuelas de las que 14906 son para preescolar,
se cerraron 981 primarias no obstante que el número de
maestros en este nivel se incrementó en 14807. Se abrieron
4435 secundarias y 3573 Bachilleratos. Es evidente que el
incremento de escuelas en preescolar indica un número
razonable de alumnos que emigraron de preescolar a primaria de
1990 al año 2006, sin embargo no aparecen en la
matrícula en las escuelas primarias ya que el numero de
alumnos por maestro disminuyó de 23 en 1990 a 19 en el
año 2006 y el número de escuelas también. Es
evidente que las inversiones en escuelas primarias no aparece no
obstante la demanda, sin embargo el número de maestros ha
crecido, de la misma forma que el gasto por alumno. En 1990
la
educación de cada alumno costaba al Gobierno Federal
mil doscientos pesos.

Para el año 2006 el costo sube a 16
mil pesos con un peso mayor en la educación
superior donde cada alumno cuesta al Gobierno 48 mil
ochocientos pesos anuales. Es manifiesta la crítica
al nivel de formación de los alumnos en México y al
proceso de
deterioro continuo de la calidad
educativa frente al nivel alcanzado por otras naciones no
obstante el menor numero de alumnos por maestro y mayor el gasto
presupuestal por alumno alcanzado. (Véase el cuadro No.
2)

Algo similar sucede en la Secretaría de Salud que en 1980
participaba en el Gasto Neto devengado del Sector público
presupuestario con el 1.35% y en el año 2005 con el 1.70%
(Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la H. Cámara de Diputados con
información de la SHCP 2006,2007). Mantiene del año
2000 al año 2005 un incremento del 1.9% en el
número de camas censables y del 4.5% en las camas no
censables.(véase cuadro No. 3)

Un renglón que ha cobrado fuerte dinamismo en el
Gasto Neto devengado del Sector Público son las
Aportaciones a la Seguridad Social.
En 1982 representaba el 0.8%, para 1990 ya alcanzaba el 1.74%,
para 2000 se multiplica en 4 veces participando con el 6.93% y
para el año 2006 se gasta en esta tarea el
8.97%.

Se puede afirmar que las inversiones productivas
realizadas con gasto publico se han estancado, sin embargo, los
empleos improductivos creados para impulsar la demanda efectiva
aparecen en todas las secretarías incluida la
Secretaría de Agricultura ,
Ganadería,
Desarrollo
Rural, Pesca y
Alimentación con su programa Procampo
que apoya con subsidios y créditos a fondos perdidos a las zonas
rurales; los mismos apoyos aparecen en el plan de subsidios
a los trabajadores que ganen menos de $ 7382.34 pesos, deducibles
por los patrones al presentar sus declaraciones del impuesto sobre la
renta ante el SAT a partir del año 2008.

El gobierno no se caracteriza por ser buen administrador ya
que el derroche de recursos es una de sus cualidades. Al
presupuestar cada uno de los órganos que lo componen
generalmente solicitan más recursos de los que esperan
utilizar. Si se tienen problemas para
ocupar el total de los fondos asignados, no faltarán
formas de justificar el gasto antes de aceptar que hubo
excedentes en el presupuesto. Estos hechos provocarían
recortes presupuestales en los años siguientes
argumentando mala planeación
o problemas en la ejecución de obras más que
suponer eficiencia en la
utilización de los mismos.

Las prácticas propuestas por Keynes ofrecen
la oportunidad de impulsar la demanda efectiva con emisión
primaria de dinero capaz
de lograr la creación de empleos productivos y el
crecimiento del ingreso nacional, sin embargo, el Gobierno
Federal lo esta haciendo a través de la recaudación
de impuestos que frenan la inflación y limitan el gasto de
la población trabajadora e impulsan el consumo
de la población improductiva. Es evidente que el objetivo
no es lograr el crecimiento
económico, ya que se inhibe la inversión y el
consumo a través de los impuestos impulsando el consumo
improductivo, sobre todo, de productos
importados generadores de desempleo.

Esta tarea es necesaria para dar estabilidad a la
economía sin inflación y a la vez ofrecer a las
empresas oportunidades de crecimiento sobre todo al enfrentarse a
mercados de consumidores potenciales carentes de capacidad de
compra por falta de empleo en una economía definida como
neoliberal globalizada controlada por monopolios, oligopolios,
monopsonios y oligopsonios.

El artículo 28 constitucional establece la
prohibición de los monopolios, las prácticas
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en
los términos y condiciones que fijan las leyes. De igual
forma, la concentración y acaparamiento en unas pocas
manos de artículos de consumo necesario y que tenga por
objeto obtener alza de precios…con una ventaja exclusiva indebida
a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del
público en general o de alguna clase social.
Sin embargo, la presencia de empresas que realizan impunemente
estas prácticas con envidiables beneficios para sus
empresarios es una práctica cotidiana en
México.

The Economist del 30 de noviembre 2007 señala que
los monopolios en México de mayor concentración se
encuentran en las telecomunicaciones donde Teléfonos de
México domina ampliamente el sector. En la misma
situación se encuentran la cerveza, cemento,
energía, bebidas suaves, televisión, transporte,
banca, petróleo, medicina,
distribución y venta de tortillas,
controlados por monopolios o por pocos jugadores que ponen
precios altos con grandes beneficios para los protagonistas ante
la tímida intervención del gobierno creando enormes
atrasos en el desarrollo nacional.

CONCLUSIONES

El Gobierno Federal ha incrementado el gasto
público y ha intensificado los subsidios tratando de
incrementar la demanda efectiva y el crecimiento del ingreso
nacional. Es evidente la aceptación de la propuesta
keynesiana para impulsar la actividad económica, sin
embargo, se carece de un plan que imponga orden en el logro de
los objetivos
nacionales y regule el proceso de monopolización de
capital
nacional y multinacional. Se quiere crecimiento sin
inflación, sin embargo, se impulsa la demanda efectiva
pero se ata a la creación de empleos improductivos
financiados con impuestos que limitan la capacidad de crecimiento
de los sectores dinámicos con posibilidades de generar
empleos productivos. Los impuestos reducen la capacidad de compra
de los consumidores pero pueden generar incrementos en el ingreso
nacional si se invierten productivamente. La tarea de gastarlos
en empleos improductivos sólo representa una
reasignación del gasto pero no estimulan el crecimiento
del ingreso.

La propuesta de Keynes para
lograr la expansión del ingreso no es regalar dinero
proveniente de la recaudación de impuestos, sino de la
emisión monetaria de pesos nuevos que permitan libremente
el crecimiento marginal de la demanda generadora de empleos
productivos. El riesgo que
implica la emisión monetaria como detonador de la
inflación ante un gobierno derrochador es evidente, sin
embargo la experiencia sufrida en el pasado puede garantizar al
Banco de
México el nivel de expansión de la oferta
monetaria, suficiente para permitir un crecimiento sin
inflación.

Joaquín Perea Quezada